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  Viernes 28 de Enero de 2000 | Managua, Nicaragua
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¿Qué es una constituyente?

Gustavo-Adolfo Vargas *
Managua

Con el nombre de Constituyente se designa un órgano colegiado, representativo, extraordinario y temporal, que está investido de la tarea de elaborar la Constitución del Estado, de establecer las reglas fundamentales del ordenamiento jurídico estatal. «Es el que se instala especialmente para hacer la Constitución al surgir un Estado o romperse el orden constitucional anterior. Puede parecer después de la independencia de un país, de su separación de una Federación, después de un golpe de Estado, de una guerra o de una revolución».

El pueblo soberano designa a sus representantes para la elaboración de la Constitución. Esos representantes reciben el mandato de dar forma positiva, de crear el derecho, proveniente, en mucho de los principios generales que el pueblo aporta a través de los usos y costumbres. Es decir a través de la consuetudo jurídica.

Se trata del Poder Constituyente, cuya existencia radica en una voluntad primaria en el sentido de que sólo de sí misma y nunca de otro fuente deduce su limitación y la norma de su acción. Se puede afirmar, pues que toda nueva formación estatal llega a la existencia necesariamente a través del ejercicio de un poder constituyente; que es además, absolutamente libre en cuanto al fin y las formas a través de las que se ejerce.

El Poder Constituyente es la facultad inherente a toda comunidad soberana a darse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una Constitución, y a reformar ésta, total o parcialmente, cuando sea necesario. El Poder Constituyente puede ser originario o derivado. Es originario cuando se ejerce en la etapa fundacional del Estado a fin de darle nacimiento y estructura; es derivado cuando se ejerce para reformar la Constitución.

El Poder Constituyente originario es, en principio, ilimitado, lo que significa que no tiene límites de Derecho Positivo, no hay ninguna instancia superior que lo condicione. Empero, esta limitación no descarta: a) los límites suprapositivos del Derecho Natural o del Jus Cogens; b) los límites que pueden derivar colateralmente del Derecho Internacional Público (por ejemplo: los Tratados); y c) el acondicionamiento de la realidad social con todos sus ingredientes, que un método realista de elaboración debe tomar en cuenta para organizar el Estado.

La Asamblea Constituyente es precisamente una de las formas en que se manifiesta el Poder Constituyente. De la naturaleza de la función constituyente, cuyo ejercicio representa la actividad específica de la Asamblea, aunque no siempre la única, se derivan sus dos características: extraordinaria y temporal.

La Asamblea Constituyente es, en efecto, un órgano extraordinario en cuanto que el ejercicio de la función constituyente sólo puede verificarse una sola vez en la vida de un Estado, ya que un nuevo ejercicio de la misma da origen a un nuevo ordenamiento.

La Asamblea Constituyente es también un órgano temporal: está destinada a disolverse al entrar en vigor la nueva Constitución, quedando eventualmente con vida después de cumplirse dicho evento únicamente para desarrollar tareas particulares necesarias para la realización concreta del nuevo ordenamiento.

Cuando se cumple con el mandato político, cuando el Poder Constituyente es designado por el pueblo, cuando la Constitución es refrendada por aquél, y cuando las instituciones constituidas son sustituidas por nuevas instituciones que serán regidas por la nueva Norma Suprema, entonces quedan cumplidos los principios básicos del derecho constitucional procesal, y con ellos la legitimidad formal de las nuevas autoridades.

Si partimos de la hipótesis del origen contractual del Estado, la Asamblea Constituyente es un organismo creado por el consenso voluntario de los hombres libres e iguales por naturaleza. Identificada la fuente de los Poderes del Estado en la voluntad de todos los componentes de la comunidad, se deducen importantes consecuencias. El pueblo debe participar en la determinación de las reglas fundamentales de la organización estatal; luego dichas normas deben fijarse en un documento que constituye, por así decirlo, la realización histórica del mítico «contrato social». Sin embargo, en los Estados modernos la idea de la participación de todo el pueblo en la elaboración de dicho acto resulta irrealizable en muchos aspectos. De esta imposibilidad objetiva se deduce la necesidad de investir con la función constituyente un órgano representativo, cuya acción se puede someter al tamiz, de una consulta popular posterior.

En nuestro país, la Constituyente es electa directamente por el pueblo, y es la encargada de la reforma total de la Constitución. De acuerdo a la actual Constitución, vigente hasta ahora, la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) es la facultada para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma; correspondiendo la iniciativa a la mitad más uno de los diputados (Artículo 191. Cn. párrafos: primero y tercero). Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional Constituyente (Párrafo tercero del artículo 193. Cn.). Para aprobar la iniciativa de reforma total se requieren los dos tercios del total de los diputados (Artículo 194.Cn.).

* Jurista, politólogo y diplomático.


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