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  Sábado 15 de Enero de 2000 | Managua, Nicaragua
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Dos años antes lo pusieron en coma
Quebraron adrede al Banco Popular
* Contraloría afirma: «Era recuperable»
* Vallecillo: deben establecerse culpas


ERVING SANCHEZ RIZO
Managua

La muerte lenta del Banco de Crédito Popular no comenzó el tres de enero pasado cuando el Presidente de al Junta Directiva de la institución Ottoniel Ruiz Armijo, dio a conocer el acta de defunción, sino que dos años antes, bajo la omnímoda voluntad gubernamental de hacer desaparecer la banca estatal, aunque la institución era recuperable.

Un informe de la Contraloría General de la República evidencia esa voluntad contra una institución que si bien tenía debilidades, no estaba en situación de quiebra al 30 de septiembre de 1997 y con una buena administración podría haber superado los problemas.

Tal aseveración es demostrada por la entidad fiscalizadora del estado en un análisis sobre la sanidad del banco en los últimos dos años, contrastándolo con varias entidades financieras privadas que están funcionando sin problemas.

BANCO ERA RECUPERABLE, DICE CONTRALORIA

Según el estudio, en septiembre de 1997, los depósitos del Banco de Crédito Popular en el Banco Central, incluyendo el encaje legal, eran de un 13 por ciento en moneda nacional y un 30 por ciento en moneda extranjera, mayor en ambos casos que lo que tenían las entidades financieras privadas BAMER, BANCENTRO, BANEXPO y BANCAFE.

A la vez el Banco Popular relativamente estaba otorgando más créditos al público que otras instituciones, un 56 por ciento de los activos totales a septiembre de 1997, sin embargo la primera debilidad que presentó era que los préstamos vencidos eran del cuatro por ciento de la cartera de créditos, más que las entidades bancarias señaladas anteriormente.

La segunda debilidad del Banco de Crédito Popular en relación a otras instituciones financieras era que los recursos puestos a disposición para cubrir la cartera de créditos con problemas de recuperación, era sensiblemente menor, pero mayor que la de BANCAFE, según la Contraloría.

Sin embargo, de acuerdo a los analistas de la Contraloría, el Banco tenía fondos suficientes tanto en moneda nacional como extrajera al 31 de septiembre de 1997 en sus depósitos en la caja como en el Banco Central, como para calificar su liquidez inmediata de buena.

BAJO NIVEL DE DEUDAS

Por otra parte se señala que el Banco de Crédito Popular no tenía deudas con el Banco Central en la fecha mencionada y su nivel de endeudamiento hacia afuera era bajo en relación a otras entidades bancarias del sector privado, mientras que en un 92 por ciento dependía de los depósitos del público para sus operaciones bancarias.

Por otra parte, de acuerdo al análisis de la Contraloría, los fondos financieros adquiridos por el banco le daban un buen rendimiento, superior a varios bancos privados, pero señala que una serie de acciones financieras realizadas en la institución, entre septiembre de 1997 y de 1998 llevaron a la entidad bancaria a una situación crítica.

BANCO NO ESTABA EN QUIEBRA EN 1997

Para la entidad fiscalizadora del estado, aparte que el banco no estaba en una situación de quiebra, podría haber mejorado sensiblemente si se hubiera administrado mejor la cartera de créditos y se hubieran reducido los gastos administrativos.

Según la Contraloría, por motivos desconocidos, la administración superior del Banco de Crédito Popular ordenó lanzar casi ocho millones de córdobas de créditos, supuestamente incobrables, a pérdidas, lo cual redujo el patrimonio de la institución de 19,3 millones de córdobas en 1997 a once millones 934 mil en 1998 y en 1999 bajó hasta los nueve millones de córdobas.

DECISIONES ADMINISTRATIVAS

Con esa situación, afirma el estudio de la Contraloría, la recuperación del banco se volvió difícil y el escenario para la quiebra se robusteció a finales de 1998, en tanto al inicio del período, que un análisis de la Superintendencia de Bancos calificó la calidad de la cartera de créditos de la mencionada institución como excelente.

De acuerdo al estudio, debido a una serie de decisiones administrativas tomadas a partir de septiembre de 1998, se reclasificó la cartera de créditos reduciendo los préstamos «A» en un 56 por ciento, incrementando las categorías «B», «C», «D», pero por sobre todo «E», la que aumentó del seis por ciento al 29 por ciento del total.

En ese sentido la Contraloría en su informe sostiene que «pareciera» que la cartera de créditos no fue bien administrada por la dirección superior del banco y las decisiones tomadas por el mismo gobierno llevaron a disminuir severamente las actividades de la entidad financiera, mientras en todo el período estudiado aumentaron los gastos de administración de 22,2 millones de córdobas a 31,6 millones.

GOBIERNO VIOLA LA CONSTITUCION

Al respecto, el ex viceministro de finanzas René Vallecillo dijo a EL NUEVO DIARIO que el gobierno tenía la responsabilidad de salvar ese banco, de tomar las normas y medidas prudenciales para que continuara sirviendo al objetivo para el cual fue creado, apoyar a los pequeños y medianos empresarios, pero no hizo lo necesario.

Para el analista todo banco tiene que tener políticas sanas de otorgamiento de créditos, cumplir con determinada función financiera y social y velar por que el dinero que otorga sea recuperado y eso es una ley sin importar si es estatal o privado.

Sin embargo, de acuerdo a declaraciones del propio presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, Ottoniel Ruiz Armijo, la concesión de créditos malos, sin el debido soporte, como en el caso de una cartera ganadera, determinaron una situación difícil para la institución.

RESPONSABILIDADES DEBEN SER ESTABLECIDAS

Vallecillo dijo que además el gobierno violó la Constitución General de la República, dado que establece que la «la banca estatal es un instrumento de fomento, inversión y desarrollo y diversificación de sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos productores» y señala que si hay un banco que se creó con esa finalidad, fue precisamente el de Crédito Popular.

Al mismo tiempo señaló que el artículo 99 de la Constitución dice que «le corresponde al Estado garantizar la existencia de la banca estatal y su funcionamiento de manera irrenunciable», de manera que se viola la carta magna al permitir la quiebra de esa institución bancaria.

VOLUNTAD GUBERNAMENTAL

Vallecillo advirtió que el gobierno debió establecer buenas políticas para que ese banco sobreviviese y sirviera a un sector sumamente importante como el de los pequeños y mediados empresarios, al tiempo que planteó que lo que pasó es que la gerencia de la institución no la sacó a flote, porque detrás de ello considera que hay una voluntad gubernamental de que no exista la banca estatal.

Además el ex viceministro manifestó que por ser el Banco Popular un bien del Estado, de la sociedad, se tiene que ver el nivel de responsabilidades que existen en la situación de quiebra de la institución y establecer las responsabilidades debidas, acumuladas o nuevas y sancionarse a quien corresponda por esa mala administración.


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