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  Jueves 13 de Enero de 2000 | Managua, Nicaragua
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Carta Magna garantiza existencia de banca estatal
Quiebra ilegal e inconstitucional
* Arce: Banco Popular no es licorería
* Bancarrota deben explicarla en AN
* Capitalización: ¿cortina de humo?


ERVING SANCHEZ RIZO
Managua

La quiebra del Banco de Crédito Popular es violatoria a las leyes y a la Constitución, considera el diputado sandinista Bayardo Arce, quien dijo que llamarán al presidente del Banco Central Noel Ramírez y al Ministro de Hacienda y Crédito Público Esteban Duquestrada para que expliquen cómo harán para garantizar la existencia de al menos una expresión de la banca estatal.

Arce, entrevistado por EL NUEVO DIARIO, manifestó que el llamado a los dos funcionarios lo harán toda vez que se reinstalen las comisiones de la Asamblea, específicamente la de economía, a la cual pertenecía el diputado en la legislatura pasada.

De acuerdo a la Constitución Política de la República, el Estado es responsable de manera irrenunciable, de garantizar la existencia y funcionamiento de la banca estatal y en la práctica el Banco Popular, que fue cerrado recientemente por órdenes de la Superintendencia de Bancos, es la última institución de ese carácter y de primer piso existente en el país.

ESTADO YA NO TIENE BANCA EN VIOLACION A LAS LEYES

Según la Carta Magna los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos productores.

Al ser cerrado el Banco Popular, el Estado se queda sin un banco que atienda directamente a un importante sector de la población del país, como son los pequeños y medianos productores y en ese sentido el gobierno está violando el mandato constitucional.

En ese sentido el diputado Arce recordó que la Asamblea Nacional reinicia labores este viernes próximo, reorganizando las comisiones parlamentarias y afirmó que planteará que se abra un proceso investigador sobre las causas que llevaron a la quiebra del Banco Popular, la segunda de una institución financiera del Estado.

DEBEN EXPLICAR COMO SE DIO LA QUIEBRA

La primera institución financiera estatal en ser llevada a la quiebra fue el Banco Nacional de Desarrollo, desde donde fueron otorgados millonarios préstamos que nunca fueron pagados y en donde, según acepta el mismo gobierno, se concentraron créditos sin garantías suficientes que afectaron el funcionamiento de la institución.

A la vez el gobierno decidió capitalizar el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, vendiendo el 51 por ciento de las acciones de esta institución, perdiendo en ese sentido el control sobre la entidad financiera, lo que realmente le lleva a ser cuasi privado.

En ese sentido el parlamentario reiteró que lo que tendrán que hacer es llamar tanto al titular del Banco Central como al de Hacienda y Crédito Público para que expliquen respecto de los problemas ocurridos con el Banco Popular que le llevaron a la quiebra.

BANCO POPULAR NO ES UNA LICORERIA

Arce manifestó que el Banco de Crédito Popular no es una licorería para que simplemente y sin mayor explicación el gobierno decrete su quiebra y como si no pasa nada, como si no se está violando la Constitución de la República.

Al respecto el último presidente de la Junta Directiva del Banco de Crédito Popular afirmó que a la institución lo mataron los créditos mal otorgados, como en dirigido a un programa de repoblación de ganadería, que no cabía dentro de la competencia de la entidad financiera.

Arce Castaño volvió a repetir los funcionarios estatales del Banco Central y Ministerio de Hacienda son los responsables de determinar cómo el gobierno va garantizar la existencia de una banca estatal de fomento, si se está cerrando la última de primer piso que existía.

¿HABRA SIDO CORTINA DE HUMO LA CAPITALIZACION?

Por otra parte el diputado del FSLN cuestionó el hecho de que el gobierno haya mantenido el proyecto de capitalización del Banco Popular en la Asamblea Nacional si pensaba cerrarlo, además dijo que demandará explicaciones porque no se llevó a cabo al fin esa opción.

Recordó que además existe un proyecto de ley para vender el 49 por ciento de las acciones de la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) que es un banco de segundo piso, que provee de fondos a instituciones u organizaciones no gubernamentales o de carácter gremial que otorgan créditos a la producción.

Arce sostiene que el gobierno no ha logrado llevar con éxito ese proyecto porque a la empresa privada lo que le interesa es controlar al FNI y no tener una participación minoritaria en acciones.

El diputado rojinegro dijo que el gobierno no puede poner como excusa que aún tiene el FNI, porque no es una institución que atienda directamente a los productores, tampoco que tienen 49 por ciento de las acciones del BANIC porque no lo domina y tampoco que está el Fondo de Crédito Rural porque no es un banco y el Estado debe respetar la Constitución.


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