El gobierno no tiene el menor interés en ser controlado y por eso no deja pasar en la Asamblea Nacional el código de lo Contencioso Administrativo por medio del cual los ciudadanos podrían demandar respuestas ante problemas que les crean decisiones incorrectas de los funcionarios públicos, afirmó el doctor Alvaro Ramírez González, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Tal proyecto de ley tiene más de un año de estar engavetado en la Asamblea Nacional, aunque por medio del mismo se crearía una instancia donde los ciudadanos podrían hacer sus reclamos a la administración pública.

Tal proyecto de ley tiene una importancia transcendental para la población como una defensa ante las transgresiones cometidas por los funcionarios públicos. Ramírez sostiene que sin embargo las tendencias autoritarias del gobierno le llevan a evitar que el proyecto sea por fin aprobado por la Asamblea Nacional.

MANTIENEN A POBLACION EN LA INDEFENSION

De acuerdo al doctor Ramírez, una de las pocas defensas actuales de las personas contra decisiones incorrectas de los funcionarios es el recurso de amparo, cuando son vulnerados los derechos de la ciudadanía, sin embargo, la relación con la administración pública es de todos los días y lo más cotidiano es que las nicaragüenses se vean afectados continuamente.

Para el jurista, la ley de lo Contencioso Administrativo facilitaría a la ciudadanía demandar de alguna instancia estatal una respuesta o una solución a los problemas que la administración pública le causa de alguna manera con una decisión errada, y no se necesitaría poner en marcha un procedimiento tan importante como el recurso de amparo.

Incluso, el recurso de amparo es un procedimiento legal caro, al cual no puede acceder cualquier ciudadano sin algo de recursos, además que en Nicaragua el proceso se hace largo debido a la lentitud con que responden las cortes.

LEY COMPLICARIA DECISIONES AUTORITARIAS

Según el estudioso del Derecho, la ley no es aprobada aún en el seno del Parlamento, de mayoría liberal, debido a que se les complicaría la toma de decisiones autoritarias, como cuando un ciudadano es afectado por la alcaldía que decide botarle parte de una pared porque a un funcionario se le ocurrió ampliar una calle en ese lugar.

De acuerdo a esa ley, tendría el ciudadano derecho a que los funcionarios contesten a sus reclamos de manera inmediata y por lo tanto a la administración estatal no le interesa desengavetar el proyecto de ley, que ya fue consensuado con los entendidos en materia legal.

Según el doctor Alvaro Ramírez, el proyecto de ley fue estudiado hasta la saciedad por los diputados con diversos sectores, pero aún continúa sin ser aprobado y Nicaragua se mantiene como uno de los pocos países sin tener procedimiento de lo contencioso administrativo.