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  El Nuevo Diario
  Sábado 30 de Octubre de 1999 | Managua, Nicaragua
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La autonomía de la Costa Caribe nicaragüense

Freddy Franco

El 30 de octubre de 1987 se publicó en La Gaceta Diario Oficial el Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, con la que entró en vigencia el régimen de autonomía, que ya había sido consignado en la Constitución Política aprobada a inicios de ese año, que establecía que el Estado organizará por medio de una ley el régimen de autonomía en las regiones de la Costa Atlántica para el ejercicio de sus derechos.

Hoy se cumplen 12 años de aquella decisión trascendental, que fue producto de la combinación de la visión del sandinismo para contribuir a un verdadero desarrollo nacional con la de la lucha de los costeños por el reconocimiento de sus derechos. Esta decisión se convirtió al mismo tiempo en un ejemplo para los demás pueblos del mundo, en las que pueblos indígenas y comunidades étnicas se encuentran en una situación de opresión y marginamiento.

Fue trascendental porque cerró y abrió una nueva etapa en el desarrollo de la nación nicaragüense. Se reconoció la diversidad nacional, su carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe y al mismo tiempo la especificidad histórico y cultural de dicha región. A través de la autonomía se reconoce y se mandata hacer efectivo los derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa caribe en el marco de la unidad nacional.

Dentro de los derechos están: el de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales, al disfrute de sus recursos naturales, a la efectividad en sus formas de propiedad comunal, a la libre elección de sus autoridades y representantes, y a la preservación de sus culturas, lenguas, religiones y costumbres.

En términos político-administrativos, la autonomía asume la forma de un autogobierno regional (gobiernos autónomos), electos por los propios habitantes de la región (y no impuestos como antes) y con la facultad de decidir sobre aspectos esenciales de la dinámica regional, sin romper el principio de unidad e indivisibilidad del Estado. Es decir, la autonomía introduce o establece una nueva relación gobierno nacional-gobierno regional, una relación más democrática, y por tanto un cambio en la concepción del manejo del Estado (menos centralista).

La autonomía comenzó a aplicarse desde aquel momento. Hasta el momento se han realizado tres elecciones regionales para gobiernos autónomos. La población costeña ha ido asumiendo mucha conciencia no sólo de los derechos sino también de la responsabilidad que implica la autonomía. Aunque ésta enfrenta muchos tropiezos y obstáculos, principalmente obstáculos para la no plena aplicación de la ley.

Los tropiezos no sólo dependen de la propia dinámica de la implementación de un proyecto novedoso y de los conflictos que ello inevitablemente acarrea entre los protagonistas, sino, sobre todo, de la concepción que manejan los gobernantes (que desde el pacífico) en estos últimos diez años, no han reconocido o no aceptan las nuevas reglas del juego en el manejo de el Estado.

En ese sentido, siguen imponiendo sus decisiones sin consultar a los costeños, siguen imponiendo sus concepciones pacífico-céntricas, centralistas y poco democráticas, limitándoles sus facultades, particularmente en el manejo, control y disfrute de los recursos naturales, el de usar parte de sus ingresos de la economía de la región para su desarrollo. Al contrario los recursos naturales siguen estando sometidos al saqueo de compañías extranjeras y nacionales, con la venia y el visto bueno del gobierno central, sin tomar en cuenta a los gobiernos autónomos, la región cada vez más se queda sin recursos y la población se empobrece cada vez más (en este caso, casi un 90%).

Al mismo tiempo, los dos «gobiernos nacionales» de los años 90 han puesto obstáculos para la reglamentación de la Ley o Estatuto de Autonomía, que no se ha hecho efectiva porque ello implicaría explicitar más concretamente los derechos y responsabilidades que tienen los costeños en los destinos de sus regiones en el marco de la autonomía. Y eso en la visión y concepción autoritaria, centralista y excluyente de nuestros gobernantes, no resulta adecuado. Eso constituye uno de los principales obstáculos que se enfrentan no sólo para la implementación de la autonomía, sino para una construcción nacional armónica, que es precisamente lo que pretende y define la autonomía.

Los costeños de la costa caribe nicaragüense deben luchar unidos y permanecer activos para defender e implementar el gran proyecto histórico de la autonomía. Pero también el resto de nicaragüenses que creemos en un desarrollo nacional justo y equitativo para todos.


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