El presidente Arnoldo Alemán fue tajante ayer: no vamos a anular el contrato de arriendo de Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), a pesar de una carta enviada a su persona por el Contralor General de la República (CGR), Agustín Jarquín, que califica como "de marras" a ese documento de contratación.

Alemán dijo a la prensa, después de inaugurar la XIII conferencia de organismos electorales de Centroamérica y El Caribe, que pese a ese documento, el Estado tiene el dominio total de la empresa, máxime que percibirá un porcentaje por la venta de combustible.

COMPETITIVIDAD Y EXCELENCIA

"Yo siempre he dicho que en este país se necesita la competitividad y la excelencia" y en ese sentido no se ha dispuesto de los activos del Estado, antes bien, se hizo un arriendo en donde se va a invertir para darle más solidez a esos activos, subrayó el gobernante, y anunció que dentro de diez años, el país contará con un oleoducto cuyo monopolio lo tiene ahora la Esso.

Indicó que ha sido excelente la decisión de la junta directiva de PETRONIC de dar en arriendo esa empresa a la firma GLENCORE, de capital suizo.

La carta enviada ayer por Jarquín a Alemán refiere que el 29 de junio del pasado año, el organismo superior de control en su resolución, se limitaba estrictamente al examen de los aspectos legales que revestían las circunstancias del caso, sin considerar o expresar opinión "sobre la falta de transparencia y apropiada calificación de firmas oferentes en el proceso de adjudicación y contratación que realizaron de forma discrecional las autoridades de PETRONIC y que se aunaría a la ilegitimidad del acto contractual en que se desarrolló la negociación".

Agrega la misiva que se obviaron propuestas legítimas de otros oferentes, que si se les tomara en consideración por medio de un proceso licitatorio abierto y transparente, se obtendrían mucho mayores ventajas a favor de los intereses del Estado.

El Contralor le pide a Alemán que instruya al Procurador General de Justicia, Julio Centeno Gómez, presente una denuncia de nulidad y a los funcionarios, que se sometan al Estado de Derecho instituido en la Constitución Política.

CENTENO ES UN GRAN JURISTA

Sin embargo y haciendo caso omiso de la carta del Contralor, el presidente Alemán precisó que todo lo ha dejado al libre criterio del Procurador Centeno, de quien dijo es un gran jurista y hace dos días emitió una opinión y esa es la que el ejecutivo va a seguir, remarcó el jefe del Ejecutivo.

La contratación de arriendo de PETRONIC fue suscrito en representación de esa empresa por el director general de Ingresos, Byron Jerez Solís y Sergio de la Vega, representante de GLENCORE.

PROCURADURIA NOTIFICA

La Procuraduría de Justicia notificó ayer a la Contraloría General de la República (CGR) su decisión de no promover la nulidad del contrato Maestro de Operación de Comercialización, suscrito entre Byron Jerez Solís en representación de la Empresa Estatal Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) y Sergio de la Vega, representante de GLENCORE, por falta de asidero legal.

La resolución de la Contraloría no tiene suficiente mérito y el asidero legal para denunciar y señalar de nulidad el contrato, señala la comunicación de la Procuraduría de Justicia.

La Contraloría denunció de nulidad el contrato y dejó el caso en manos de la Procuraduría de Justicia para que hiciera lo que considere a bien de acuerdo a sus facultades, pues considera que con dicho acto se violentó el interés público.

No obstante, la Procuraduría estima que el contrato prioriza el interés público en el ámbito de la relación comercial con particulares y PETRONIC no somete su jurisdicción a la empresa contratante. "Petronic no se ha atribuido funciones más allá de las conferidas por la Ley y la Constitución", dijo.

El contrato fue firmado el pasado 4 de junio, bajo el concepto de alquiler de instalaciones y licencia para el uso de ciertos nombres y marcas, e incluso activos como cuentas por cobrar, por un plazo inicial de 10 años, con opción a la renovación por otro período similar.

Supuestamente el contrato con GLENCORE contribuiría a la modernización y planeación a largo plazo de las actividades de la cadena de suministro y comercialización de hidrocarburos en Nicaragua.

La Procuraduría soportó su decisión en el decreto ejecutivo 26-95 "Reforma a la Ley Orgánica de PETRONIC" que en su artículo primero establece que es una entidad con personalidad jurídica, patrimonio propio, de giro comercial, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contratar obligaciones.

Esto asignifica que PETRONIC tiene amplias facultades para celebrar contratos, como el suscrito con la GLENCORE, indica la Procuraduría.

La facultad de contratación como la que efectivamente se operó por la Ley especial, señala la Procuraduría, no requiere de la aplicación de la Ley 269 y su reforma la 204, pues éstas se refieren a los actos de disposición de bienes del Estado y el contrato de comercialización, no constituye en ninguna forma la figura jurídica apuntada en las primeras leyes.

La Procuraduría considera que el contrato de comercialización no se enmarca ni debe enmarcarse estrictamente en las prescripciones de las leyes 169 y 204, y como consecuencia no violenta el interés público, ni PETRONIC queda por el contrato, sometido a la voluntad e interés de la empresa GLENCORO, pues conserva su autoridad.

La Contraloría considera que el contrato no se realizó conforme a derecho, puesto que si bien es cierto la Ley de Reforma a la Ley Orgánica de PETRONIC permite desarrollar las actividades relacionadas con el suministro de hidrocarburos dentro del contexto de libre empresa en sociedad o corporación con GLENCORE, no obstante se debió solicitar al Ente Regulador, en este caso INE, la autorización correspondiente a al acto de incorporación.

Sin embargo, lo que hizo PETRONIC fue delegar funciones de una persona jurídica de carácter privado, en un claro acto de incorporación de particulares, en este caso al gerente, a una actividad pública, al margen de los parámetros legales en un acto de subrogación de funciones y atribuciones que sólo por medio de Ley es permisible y no mediante una relación contractual, alega la Contraloría.