El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales Argüello, reveló ayer que en los próximos días recurrirá de amparo en contra de la iniciativa promovida por diputados liberales de la Asamblea Nacional para destituirlo de su cargo.

Rosales explicó que, aunque se tiene que partir de la notificación oficial para seguir la lógica y el raciocinio legal, dadas las circunstancias de que hay vacaciones en la Asamblea Nacional y que los términos correrían en su contra, recurrirá de amparo ante el Tribunal de Apelaciones en los próximos días.

"Voy a recurrir de amparo porque es lo único que me queda frente a la amenaza que, a través de la iniciativa presentada a la junta directiva de la Asamblea Nacional, existe y a lo cual se han referido cuatro de sus miembros, por lo tanto deja de ser algo virtual y se convierte en real, entonces eso tiene que tener una respuesta", afirmó Rosales.

Indicó que, cuatro miembros de la junta directiva se han referido a la iniciativa, Mónica Baltodano, Nelson Artola y Rizo que han criticado el procedimiento seguido y el primer secretario, quien dijo que pasó el caso a la Comisión de Justicia.

Rosales señaló que en un documento apócrifo, firmado por el doctor Noel Pereira Majano, se hablaba de una comisión de estilo que nunca se ha visto en el estatuto de la Asamblea Nacional.

El magistrado prefirió no opinar si el recurso de amparo que será conocido por sus colegas será una "prueba de fuego" para demostrar la independencia de la Corte Suprema.

"Los magistrados tendrán que actuar conforme a derecho y aunque he dicho que la Corte Suprema es independiente, no podría decir si me van a apoyar porque aquí existirán muchas presiones", reconoció Rosales.

SI HUBO ERROR FUE DE LA ASAMBLEA

Rosales afirmó que la Ley está de su parte por las siguientes razones: primero se trata de cosa juzgada, segundo, si la hipótesis fuera válida, la única forma de subsanar el error era recurrir de amparo dentro de los 60 días posteriores de la elección, como establece la Constitución Política, ese tiempo pasó y es fatal.

Además, indicó Rosales no existe procedimiento ni causales para destituir a ningún magistrado y en todo caso en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Eso, agregó significa que el ejecutivo y los diputados tendrían que discutir que el nombramiento fue mal hecho y la iniciativa le correspondería al presidente porque fui electo a su propuesta que tiene continuidad.

Por otra parte, señaló Rosales se requeriría de mayoría calificada porque fui electo de esa manera y finalmente el principio básico del derecho es la legalidad y en este caso significa que, si hubo un error lo cometió la Asamblea Nacional porque ahí se presentaron 127 canditatos y mi curriculum estaba ahí y como decían los romanos" nadie puede invocar su propia torpeza".

El magistrado opinó que, si los diputados de la Asamblea Nacional pretenden desconocer lo que hicieron sus antecesores, no existiría seguridad jurídica en el país, lo que debe ser uno de los componentes de una sociedad democrática.

PRETENDEN RETROCEDER AL SOMOCISMO

Para Rosales hacer reformas a la conformación de la Corte Suprema sería retroceder al somocismo y poner gente afín a toda costa, porque actualmente ningún partido la controla.

Recordó que en una ocasión el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) Noel Ramírez dijo que, el doctor Fernando Zelaya y él no respondían a nadie. En esa oportunidad le respondía que felizmente era así porque precisamente respondían a la Constitución y las leyes.

El magistrado considera que con una justicia partidaria se retrocede a Somoza mismo, cuando se quiera o no había una Corte Suprema que mal que bien funcionaba. Pero no vamos a pretender ahora que, so pretexto de que los magistrados no representan la correlación de fuerzas de la Asamblea Nacional se tengan que quitar.

Rosales opinó que, para Nicaragua sería "horroroso" si los diputados nombraran a los magistrados del Tribunal de Apelaciones y a los jueces como se pretende, la justicia no funcionaría de acuerdo a la Constitución y las Leyes sino conforme a los timbres del teléfono indicando cómo debe ser el fallo.

QUITAR PARTIDOS PEQUEÑOS ES DISPARATE

Como disparate calificó Rosales, el que se pretenda hacer desaparecer a los partidos politicos pequeños. ¿Cuál va a ser el mecanismo de control para manifestar su descontento, ¿Qué salida van a tener? esa es la pregunta que está en el terreno y cancha de quienes lo proponen y particularmente del presidente quien debe velar que se cumplan las leyes y estos partidos tienen derecho.

Rosales opinó que el principio de seguridad jurídica pasa por respetar las decisiones que se toman, en cada poder del Estado. Indicó que los actuales diputados y el gobierno anterior no pueden estar cuestionando lo que se hizo antes, porque así se podría revisar todo.

De esa forma, dijo el magistrado, estaría en juego toda la privatización del país, pues la seguridad jurídica tiene que ver con el respeto a las decisiones que se tomaron antes por determinadas razones.

Los intereses políticos no pueden resquebrajar la seguridad jurídica del país, señaló Rosales, tras considerar que los problemas políticos que existen son independientes y se tienen que resolver por otra vía.

Rosales expresó su preocupación porque el proceso democrático se resquebraje a tal punto que los partidos políticos sean los titulares de los escaños y que los diputados no van a ser dueños de los curules. Los parlamentarios deben responderle al pueblo que los eligió. dijo.