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  Viernes 26 de Febrero de 1999 | Managua, Nicaragua
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La educación nicaragüense en la Constituciones
La Constitución de 1950 (Pacto Somoza-Chamorro) y las Reformas de 1966

Miguel De Castilla Urbina
Managua

E l Artículo 1, del Capítulo V, del Pacto de los Generales Anastasio Somoza García por el Partido Liberal Nacionalista y Emiliano Chamorro por el Partido Conservador de Nicaragua, del 3 de abril de 1950, expresaba: «convócase a los nicaragüenses varones a elecciones generales de Presidente de la República y Representantes a una Asamblea Nacional Constituyente la que en ejercicio de la soberanía popular dictará una nueva Constitución Política» (...).

1. LA EDUCACION EN LA CONSTITUCION DE 1950.

Aspectos novedosos sobre la educación como función pública y que aparecen por primera vez en las Constituciones Políticas del país, son las siguientes:

a) Se establece que la educación es «obligación primordial de los padres». Respecto al Estado, igual que en las Constituciones anteriores, se dice que «es deber preferente» suyo.

b) Se establece que el Estado no sólo promoverá la Educación Primaria, sino que también «la enseñanza en sus grados secundarios y superiores» (...) y la enseñanza técnica agrícola e industrial».

c) Se menciona el carácter del curriculum respecto «a la educación moral del niño».

d) Se legisla sobre los derechos de los educadores, estableciendo la inamovilidad y la carrera docente.

Los textos de los Artículos relacionados con la Educación en la Constitución de 1950, fueron los siguientes:

«Arto. 77. La Educación de los hijos es obligación primordial de los padres. Arto. 78 A los padres sin recursos económicos les asiste el derecho de reclamar el auxilio del Estado para la educación de la prole. Arto. 98 La Educación Pública es deber preferente del Estado. Arto. 99 El régimen de la enseñanza primaria, intermediaria y profesional queda bajo la inspección técnica del Estado. Arto. 100 La educación primaria es obligatoria, y la costeada por el Estado y las corporaciones públicas, gratuita y laica. Arto. 101 El Estado promoverá la enseñanza en sus grados secundarios y superiores, lo mismo que la enseñanza técnica de los obreros y las escuelas de orientación agrícola e industrial. Arto. 102 En todos los centros escolares se atenderá a la educación moral del niño, y se procurará desarrollar en ellos los sentimientos cívicos y el valor personal y profesional.

Arto. 103 La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, quien establecerá las profesiones que necesiten título previo a su ejercicio y las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlo. Los títulos para el ejercicio profesional no podrán extenderse mientras no se justifique la aprobación académica de los cursos correspondientes. Arto. 104 Los nacionales que obtengan títulos académicos en el extranjero serán incorporados y autorizados para ejercer su profesión con sólo demostrar la autenticidad de sus títulos, y que éstos han sido obtenidos en Universidades reconocidas como tales en el Estado donde funcionan. La incorporación de profesionales extranjeros graduados en el exterior, deberá hacerse a base de posible reciprocidad. La Ley reglamentará esta disposición. Arto. 105 No serán otorgados ni reconocidos más títulos que los que correspondan a una función, profesión o grado universitario. Arto. 106 Se garantiza la libertad de cátedra, siempre que no se contravenga al orden público y a las buenas costumbres.

Arto. 107 El Magisterio es carrera pública y el que se ejerce para el Estado, da derecho a los siguientes beneficios: 1) A la inamovilidad de los cargos; 2) Al ascenso y promoción en su carrera; 3) A un sueldo básico mínimo, de acuerdo con la dignidad de su profesión y con el costo de la subsistencia en el lugar de su destino; 4) A una jubilación proporcional; 5) A vacaciones retribuidas; 6) A su mejoramiento cultural y profesional costeado por el Estado. Los derechos y beneficios a que se contrae este artículo serán determinados y reglamentados por la ley, y comprenderán a los maestros de enseñanza de las escuelas no oficiales en lo que se refiere a los ordinales 3, 5 y 6. Estos maestros serán inamovibles en sus cargos. Los años de servicio de los maestros de las escuelas particulares que pasen al Servicio del Estado, serán tomados en cuenta para los efectos de los ordinales 2 y 4 de acuerdo con lo que disponga la Ley. Arto. 108 La función del Magisterio es ajena a toda tendencia política y se orientará en un sentido democrático, patriótico y nacional.

Arto. 109 Las empresas agrícolas o industriales ubicadas fuera del radio de las escuelas nacionales, donde hubiere más de treinta niños de edad escolar, estarán obligadas a mantener una escuela elemental mixta.

2. LA EDUCACION EN LAS REFORMAS DE MAYO DE 1966.

El 28 de marzo de 1958 la Universidad Nacional de Nicaragua, con sede en la ciudad de León, después de prolongadas luchas, alcanza su Autonomía administrativa, financiera y académica de parte del Gobierno de la dictadura. A pesar que después de este hecho, la Constitución de 1950 había sufrido reformas en 1959, 1962 y 1964, la Autonomía Universitaria no había sido reconocida constitucionalmente. En el Arto. 105 de la Constitución reformada en mayo de 1966, se establece que «la Universidad Nacional gozará de autonomía docente, económica y administrativa (...) y recibirá de parte del Gobierno «una asignación anual no menor del 2% de los ingresos ordinarios fiscales percibidos por concepto de impuestos».

Los Artículos reformados referidos a la Educación de la Constitución Política de 1950, fueron las siguientes y se leerán así: «Arto. 104.- No serán otorgados ni reconocidos más títulos que los que correspondan a una función, profesión o grado universitario. Los nacionales que obtengan títulos académicos en el extranjero serán incorporados y autorizados para ejercer su profesión con sólo demostrar la autenticidad de sus títulos, y que éstos han sido obtenidos en Universidades reconocidas como tales en el Estado donde funcionan. La incorporación de profesionales extranjeros graduados en el exterior, deberán hacerse a base de posible reciprocidad, oyendo previamente el dictamen de la Universidad Nacional Autónoma. La Ley reglamentará esta disposición».

«Arto. 105.- La Universidad Nacional gozará de autonomía docente, económica y administrativa, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sus bienes y rentas gozarán de iguales garantías que los de los particulares y estarán exentas de impuestos locales, municipales y fiscales. La ley fijará su organización, funcionamiento y atribuciones. El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma con una asignación anual no menor del 2% de los ingresos ordinarios fiscales percibidos por conceptos de impuestos, cantidad que le será entregada de acuerdo con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. El Estado promoverá la formación del patrimonio propio de la Universidad Nacional Autónoma y ésta no podrá destinar sus bienes y recursos ni disponer de ellos para fines ajenos a sus actividades normales. El Tribunal de Cuentas fiscalizará sus balances, presupuestos, estado de ingresos y egresos, y cuentas en general de acuerdo con la Ley. A la Universidad Nacional Autónoma no le serán aplicables las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del Título VIII de la Constitución ni la del Arto. 331 de la misma».


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