Sólo el nombre "Narcojet" queda de uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la administración del doctor Arnoldo Alemán y que incluso fue calificado como "crisis gubernamental". Después de una serie de ambigüedades en su posición, la Procuraduría de Justicia se expresó a favor de que el Lear Jet 35-A sea entregado a una compañía de seguros norteamericana.

Mediante un escrito, presentado ayer por la doctora Alicia Duarte, la Procuraduría se expresó a favor de que el lujoso jet sea entregado a Seguros United Pacific Insurance, que lo ha reclamado por medio de su representante en Nicaragua, el abogado Francisco Ortega.

Con ello la Procuraduría de Justicia borra el último vestigio que ligaba a las autoridades de Nicaragua con presuntas irregularidades cometidas en torno a la llegada, estancia y uso en el país del jet.

Pese a que las más altas autoridades del país, incluido el presidente, viajaron en la aeronave, y a que existían serias presunciones de actos ilícitos en torno al jet, para la Procuraduría de Justicia no existió tráfico de drogas, falsificación de documentos y ahora ni siquiera defraudación aduanera.

Es decir que casi medio gabinete de gobierno, que de una u otra forma estuvieron relacionados con el jet, fueron sorprendidos por un gringo que mantuvo la aeronave en el país, ofreció horas de vuelo de cortesía y fue beneficiado con la exoneración de todos los impuestos. En su escrito Duarte expresa: "Señora juez Martha Quezada, después de revisar todos los documentos del expediente, se ha demostrado plenamente el derecho que sobre la aeronave tiene la compañía de seguros reclamante y así quedó establecido en la inspección ocular".

Basada en esos elementos, agrega, y a que el artículo 16 de la Ley 42 de Defraudación y Contrabando Aduanero establece que los instrumentos no caerán en comiso si se prueba que son propiedad de terceras personas sin culpabilidad, esta institución se pronuncia en el sentido de que el avión reclamado pertenece a la compañía representada por Ortega".

Con ello la Procuraduría de Justicia, en representación del Estado, deja de sentirse perjudicada económicamente por la falta de pago de impuestos por la introducción de la aeronave, de parte la empresa CELYON AIR, cuyo presidente es el cubanoamericano Francisco Guasch.

La Procuraduría promovió una denuncia por defraudación aduanera en perjuicio del Estado contra Guasch, después de que el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de prisión que la juez Primero de Distrito del Crimen, Martha Quezada, había dictado contra siete personas entre éstos, Guasch y el ex director y subdirector de Aeronáutica Civil, Mario Rivas y Alvaro Miranda, respectivamente.

Al introducir la demanda contra Guasch, el procurador de Justicia, Julio Centeno Gómez, dijo que si era necesario llevarían el avión a subasta para resarcir al Estado el dinero que habían dejado de percibir por pagar los impuestos de Ley.

Pero después le cambiaron la seña, y ahora la Procuraduría dice que el avión es el mismo que fue robado el 15 de diciembre de 1997 del aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos a la empresa de aviación, B.L. Benne Aviation LLC. que lo rentaba a la compañía profesional Flight Crew Services INC, y que fue introducido ilegalmente a Nicaragua por Guasch.

Debido a lo anterior, precisa la Procuraduría, la Corte de Distrito de Florida ha girado orden de arresto contra Guasch por el robo del avión, cuya denuncia se inició el 16 de diciembre de 1997 en la Policía de Fort Lauderdale.

No obstante algo curioso del caso, es que pese a que supuestamente el robo fue reportado en diciembre de 1997, fue hasta después del sobreseimiento por tráfico de drogas que la compañía de seguros se presentó a reclamar la devolución. ALEMAN COMETIO ERROR POLITICO

Pese a que ahora el gobierno se desembaraza totalmente del avión por medio de la Procuraduría, a raíz del escándalo, miembros del gabinete que militan en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en una reunión privada criticaron severamente a los funcionarios que tuvieron algún tipo de participación en dejar que funcionara en el país.

En esa reunión se redactó un documento denominado "Crisis Gubernamental", en el cual se señaló que el presidente cometió un error político al aceptar "regalías" o favores, cuando los requerimientos materiales de la presidencia deben ser sufragados por el Estado.

"Es lógico que, quien regala, espera que le den algo, nadie da nada por nada, particularmente en estas condiciones, circunstancias y por las personas que hicieron uso del avión" dice textualmente el documento.

Agrega el documento en el caso del director de Aeronaútica Civil es indudable que el presidente es directamente responsable, ya que sabía de sus actuaciones.

En esa oportunidad reconocieron que el problema de fondo en Nicaragua, es que algunos funcionarios no están preparados ni capacitados para ocupar determinados cargos y en muchos casos los nombramientos se hacen por parentela, amistad o por confianza, sin tomar en cuenta su preparación y capacidad.

Es lamentable, añade el documento, que ministros y directores, no hayan denunciado que ese avión era robado, al tener conocimiento de las autoridades de investigación de estados Unidos. Pero lo más preocupante era que el "mundo entero y el país han estado detrás de esta noticia, lo cual puso al gobierno en una situación difícil al vinculársele con el narcotráfico internacional".